El 12 de noviembre, 12 de los 15 concejales de Los Ángeles aprobaron una reforma que limita los aumentos de alquiler de los apartamentos de renta estabilizada al 3 %. Este es uno de los cambios más grandes realizados en la Los Angeles County Rent Stabilization and Tenant Protections Ordinance desde 1985.

El cambio reduce el límite máximo del anterior 8 % y baja el límite mínimo para las subidas de alquiler del 3 % al 0 %. Bajo el viejo tope, las subidas de alquiler han superado la inflación en 23 de los últimos 30 años, presionando especialmente a familias de bajos ingresos.

Esta nueva reforma se aplicará a todos los apartamentos construidos antes de 1978. Actualmente, casi la mitad de los residentes de Los Ángeles viven en apartamentos de renta estabilizada. De estos, 238.000 utilizan más del 90 % de sus ingresos para pagar su alquiler.

Victor Perez-Palacios, estudiante de maestría estudiando gestión de medios digitales, ha vivido toda su vida en un apartamento de renta estabilizada con su familia. Para él, la protección para apartamentos de renta estabilizada es lo que lo ha mantenido en su hogar.

“Eso es lo que nos mantiene en el apartamento: que nunca encontraremos otro lugar con el precio que estamos pagando”, dijo Palacios en inglés. “Es bueno que esto ayude a las personas a permanecer en un lugar donde han estado durante mucho tiempo … dado que otras cosas se han encarecido … ese límite al alquiler puede ser muy beneficioso para aliviar mucha presión económica”.

En las comunidades de bajos ingresos alrededor de USC, el impacto de los aumentos de renta ha sido especialmente severo, según Alliance of Californians for Community Empowerment Action, una organización comunitaria con más de 15.000 miembros en toda California dedicada a dar voz a los californianos comunes y corrientes. Los miembros de ACCE Action frecuentemente “salen a las calles” con mítines y asambleas públicas para hacer oír sus voces.

Sergio Vargas, codirector de la región subcentral de Los Ángeles de ACCE Action, explicó que aunque el límite del 3 % es un avance, no será suficiente para muchas familias.

“El 3 % ya era una negociación: nuestros miembros y nosotros creemos que deberían estar bajando la renta, o congelándola, que lo logramos durante la pandemia”, dijo Vargas. “No hay mucho dinero. Entonces hay muchas personas que viven en las casas con más familias y es muy difícil pagar estas rentas que están muy altas”.

Nancy Villanueva es la organizadora principal de Los Ángeles de ACCE Action. Villanueva describió cómo la organización trabaja con distritos cuyos ingresos son muy bajos, con una membresía compuesta por vendedores ambulantes, jornaleros y trabajadoras domésticas.

“Estos trabajos son realmente muy mal pagados; su ingreso es muy bajo”, dijo Villanueva. “Han reducido alimentación, han reducido a ciertas necesidades como pagar la cuenta del teléfono, entre otras cosas, para estar puntual en los pagos de su renta”.

Los barrios con los que Villanueva y Vargas trabajan se ven afectados por su cercanía a USC.

“Están llegando dueños corporativos a comprarle a dueños pequeños para construir para darle rentas altas porque hay estudiantes que pueden pagar $3.000”, dijo Vargas. “Nuestra gente que ha estado pagando, por 30, 20 años … está pagando de $600 a $1.200, y hay un incentivo para sacarlos para poder subir la renta a tarifas de mercado”.

Todo esto ocurre en un contexto de tensión para la comunidad latina de Los Ángeles. Según Villanueva, debido a las recientes redadas migratorias, muchos residentes dejaron de salir a trabajar.

“Muchos vendedores ambulantes estuvieron bastantes días en sus hogares por el miedo”, dijo Villanueva.

El 14 de octubre, el condado de Los Ángeles declaró un estado de emergencia por las redadas migratorias. La proclamación le otorga al condenado el poder de ayudar a residentes que han sido impactados financieramente por las redadas.

“La gente no ha salido a trabajar”, dijo Vargas. “Eso lo que ha creado es que la gente está atrasada en su renta porque no ha salido a trabajar … La gente deja de comer para poder pagar su renta”.

Aunque la reforma representa un paso, Vargas y Villanueva afirman que la ciudad debe hacer más. Vargas pide que se implementen leyes antiacoso inmobiliario.

“Hay casos horribles de situaciones verbales, abuso físico, la gente viviendo en lugares deplorables”, Vargas dijo. “La abogada de la ciudad está decidiendo no tomar esos casos”.

Vargas también criticó las prioridades presupuestarias de la ciudad en un momento donde sus residentes necesitan ayuda.

“En vez de invertir billones en un centro de convención, debieron haberle dado ayuda de renta a todos esos inquilinos que ahorita no pueden pagar, que están atrasados dos o tres meses, que ya al siguiente mes les va a llegar una nota de evicción”, dijo Vargas.